‘En mi casa no hay luz y no puedo ver televisión, pero puedo jugar con mis hermanos y mi mamá me canta cuando voy a dormir. No, no quiero regresar’. Así de enfático fue Pablo, un niño de ocho años, cuando se le preguntó si deseaba regresar al albergue donde tenía ciertas comodidades.

Vivir en familia es un derecho fundamental para todos los niños y niñas, sin distinción. Panamá, como firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene la obligación de poner en marcha todas las actuaciones y recursos necesarios para hacerlo posible.

‘Entre menos tiempo estén en los albergues es mucho mejor para los infantes’,

FORTUNATO PEIROTÉN

HOGAR CIUDAD DEL NIÑO

Sin embargo, mantiene un sistema de protección basado en internados como respuesta a los niños y niñas que han perdido temporal o definitivamente el cuidado de sus familias.

‘Actualmente tenemos 1,289 niños institucionalizados; es decir, bajo el cuidado de un albergue o institución de protección. Hay estudios que indican que la institucionalización le causa al infante serios daños en su salud, en su desarrollo y en sus oportunidades de vida futura’, sostiene Yazmín Cárdenas Quintero, directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

La premisa la ratifica Diana Gorriichápegui, psicóloga familiar en el Hogar Ciudad del Niño, quien afirma que cuanto más pequeño es el infante, ‘más se afecta su desarrollo emocional. Una de las principales secuelas —de la institucionalización— es el sentir o esquema de abandono en el menor’, dice Gorriichápegui.

‘En el tema estamos rezagados porque no tenemos un sistema de protección integral’,

YAZMÍN CÁRDENAS

DIRECTORA DEL SENNIAF

Algunos niños y niñas son colocados en instituciones porque sus padres o tutores han muerto, los han abandonado o han perdido la patria potestad. Sin embargo, existen otros motivos para internarlos, como la necesidad de cuidados especiales, la incapacidad temporal de los padres para cuidarlos, casos de violencia familiar o negligencia.

Según Gorriichápegui, la mayoría de los niños en Ciudad del Niño provienen de familias en extrema pobreza. ‘Nosotros les damos amor y los cuidamos, pero jamás podremos compararnos a una familia. Aquí tenemos varias modalidades que evitan esa separación definitiva de sus seres queridos. Por su situación económica, algunos están aquí todo el día, donde se les provee alimento, estudios y cuidado. En la tarde van a sus casas, mientras que otros están de lunes a viernes, y el fin de semana retornan a su hogar’, apunta.

Según el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), durante los últimos años se ha instalado en países de América Latina un debate crítico en torno a la internación de niños y adolescentes en instituciones asistenciales, como respuesta a dificultades familiares, discapacidad, carencias económicas y conductas consideradas amenazantes para el orden social.

Hoy pocos niegan que en las instituciones las necesidades físicas, cognitivas, de estimulación emocional y social no puedan ser satisfechas de un modo siquiera parecido a como lo serían en un ambiente abierto a la vida en sociedad. Por tanto, ‘la desinstitucionalización no solo debería ser la erradicación formal de los sistemas residenciales de sustitución familiar, sino parte esencial de un proceso en conjunto y sustentable de transformación cultural’, indica la directora general del Senniaf.

LA RUTA DE LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN

En medio del rezago regional, pues países como Colombia, Costa Rica, Uruguay y Chile, entre otros, han puesto en marcha la reincorporación familiar de infantes en instituciones y cambiado su esquema de protección al menor, el Estado panameño da una mirada al tema e instala el Comité Nacional de Apoyo y Seguimiento a la Estrategia de Desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes.

‘Entre más pequeño es el infante, más se afecta su desarrollo emocional. Una de las principales secuelas de la internación es el sentir o esquema de abandono en el menor’,

DIANA GORRIICHÁPEGUI

PSICÓLOGA

‘Empezamos con una prueba piloto en 2015. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con el apoyo de Unicef y la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar realizó un trabajo en el Hogar de Niñas en Soná, en Veraguas. Se hizo contacto con todos los actores claves, como Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y oenegés, para brindarle a esas niñas la restitución de la convivencia familiar’, detalla Cárdenas.

Cuatro años después, tras la desinternación de un ‘significativo número de niñas’ se forma el comité. ‘En el tema estamos rezagados porque no tenemos un sistema de protección integral, como es el caso de Costa Rica, donde ya no le llaman albergue, sino centro de protección integral. Siguen recibiendo subsidios, pero para programas de protección’, acota Cárdenas.

Para la directora, el esquema ideal es aquel donde ‘el niño sale de su escuela y como sus padres están trabajando, va al centro que queda en un punto estratégico de la ciudad; allí come, toma una siesta, tiene tutoras para estudios dirigidos, recreación, clases de arte cultura y, a las seis de la tarde, sus padres lo recogen. Vive con su familia, pero tiene protección del Estado. Dependiendo de la necesidad familiar, hay adaptaciones’.

‘Si existe una beca universal o algún subsidio o programa de ayuda —añade— el niño lo recibe, pero bajo un monitoreo. Nosotros siempre hemos trabajado sectorialmente y eso debe terminar. Nos falta un sistema de protección integral donde todas las garantías y derechos se le protejan al niño, pero con todos los actores sumados’, zanja.

Por su parte, Fortunato Peirotén P., director de la Ciudad del Niño desde 1977, ve de buena manera la instalación del comité; sin embargo, apuesta a que las palabras se transformen en acciones concretas.

Instalan mecanismo para proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes

ESTRATEGIA

Recientemente se creó el Comité Nacional de Apoyo y Seguimiento a la Estrategia de Desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes, cuya responsabilidad es promover, proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que no cuentan con los cuidados de sus progenitores o de su familia extensa, y se encuentran bajo la protección del Estado en albergues. El Decreto Ejecutivo 1 del 12 de febrero de 2019 formaliza este mecanismo, el cual representa la integración de los sectores de gobierno y sociedad civil, para la definición conjunta de políticas, estrategias y acciones. ‘La ruta de trabajo que presentamos tiene una vigencia de 2019 a 2023. Nos trazamos un plan de acción para 2019′, señala Yazmín Cárdenas Quintero, directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

‘La mesa de trabajo está muy bien, pero esperemos que se cumpla y realmente la ayuda y el proceso lleguen hasta quienes lo necesitan’, enuncia. Enfatiza que el albergue que preside ya toma medidas para reincorporar a los infantes a la convivencia familiar. ‘Entre menos tiempo estén en los hogares es mejor para los infantes’, afirma Peirotén.

Cárdenas y Gorriichápegui coinciden en que ‘hay niños que están en los centros de protección por muchos años, mientras añoran regresar con su familia’.

‘Una sociedad que no cuida a sus niños no avanza, no se desarrolla bien, fracasa’, puntualiza Gorriichápegui.

INTERNACIÓN DE NIÑOS: ¿EL COMIENZO DEL FIN?

Según la Unicef, el recurso de instituciones asistenciales se remonta al siglo XII

El documento ‘Internación de niños: ¿el comienzo del fin?, crisis de los internados y transformación de las políticas de infancia en España, Italia y el Cono Sur’ elaborado por especialistas del Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia ofrece un repaso de la génesis de los internados.

Anota que históricamente todas las sociedades han desarrollado sistemas de protección a la infancia vinculados a la organización familiar, la comunidad o al Estado. Sin embargo, el masivo fenómeno del abandono y la orfandad de niños derivó en occidente en el uso de instituciones asistenciales, que se remonta al menos al siglo XII.

Unida a estos fines preventivos, surge desde un comienzo la necesidad de ejercer un control del Estado sobre niños que al no vivir en un entorno familiar considerado adecuado según las creencias dominantes, son estimados irregulares, peligrosos y socialmente desadaptados.

La literatura especializada da cuenta de cómo se construyó en Europa, Estados Unidos y la mayoría de los países de América Latina, durante la primera mitad del siglo XX, un complejo entramado legal e institucional destinado al rescate de los niños de la corrupción moral de sus familias, de la pobreza y de la delincuencia, mediante su protección en institutos con régimen de internado.

A partir de los años sesenta y setenta del siglo XX, en Estados Unidos y en algunos países europeos el debate sobre las libertades, derechos y garantías a favor de los niños, unido al cuestionamiento surgido en torno a los derechos de los pacientes psiquiátricos, así como las demandas por políticas de desarrollo humano respetuosas de la autonomía y capacidad de las familias, comenzó a instalar una sombra de duda sobre el empleo de los internados educativo-asistenciales para niños.

Los años que siguen son testigos en España e Italia, entre otros países, de la progresiva declinación del uso de los internados para niños y niñas, así como el surgimiento de políticas de desarrollo más universales, destinadas a asegurar a todos los niños oportunidades y derechos en los ámbitos normales de desarrollo familiar, escolar y comunitario.

Aunque la desinstitucionalización no sea una trayectoria necesariamente lineal y enfrente el riesgo de eventuales retrocesos, dada la multiplicidad de los factores que la sustentan, los procesos exitosos en esta dirección han formado parte de movimientos sociales en sentido amplio, a partir de un nuevo significado cultural expresado en la concepción de la familia, la legislación, las políticas públicas el desarrollo social a nivel local, la gestión de los servicios y las prácticas sociales de los diversos actores involucrados.