Tegucigalpa. Con los requerimientos a los diputados presentados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo que busca la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) es justificar su existencia.

El analista Raúl Pineda Alvarado cuestionó de esa manera, la acción promovida por la Maccih y la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad del Ministerio Público (Ufecic-MP)  en contra del secretario del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar por los supuestos delitos de falsificación de documentos y contra la forma de gobierno, ligados a la aplicación de una fe de erratas.

En ese sentido, el experto en Derecho Penal dijo que “la Maccih ha incurrido en una práctica no muy saludable de anunciar los requerimientos antes de presentarlos”.

Inclusive, hasta le ponen nombres particulares a los casos como “La Caja Chica de la Dama” o “Pacto de impunidad”, ilustró.

“La forma en que la Maccih justifica su existencia es precisamente presentando estos requerimientos, pero en cuanto a sustentar con pruebas el delito me parece que no maneja criterios muy científicos”, expresó.

Por eso estamos viendo que muchos juicios presentados  ante los tribunales de justicia “son rechazados o  enmendados por los jueces debido a la falta de pruebas al caso e inconsistencias”, subrayó.

En la causa presente  aparentemente se dan dos momentos, el primero de ellos es el de la deliberación, discusión y la aprobación de la ley, detalló.

Pero el requerimiento se refiere a un segundo momento y es cuando el instrumento normativo aprobado pasa al Ejecutivo y de ahí al Diario Oficial La Gaceta, para su publicación con lo que adquiere la norma el carácter obligatorio, según el ex diputado.

“La fe de erratas es para corregir signos de puntuación, errores de ortografía y modificaciones de estilo”, señaló.

Pero históricamente el Congreso Nacional ha utilizado este procedimiento para enmendar errores que se cometen en procesos previos a la remisión del documento legislativo a La Gaceta, agregó.

Por norma esto ha sido aceptado, pues ha habido un proceso de adecuación social, pero técnicamente no es correcto, reconoció.

“El problema en este caso está relacionado con el tema de la teoría del delito, que establece que no todo lo que va contra la ley es parte del Derecho Penal”, aclaró.

Creo que hay casos donde una declaratoria de nulidad basta y sobra para emendar la falta cometida, pues el Derecho Penal es la última opción y se llega cuando se han agotado otros pasos, señaló.

“Pero  ahora estamos en un proceso de expansión de la ley en donde todo lo que es contrario a la ley entra en el ámbito del Código Penal lo que no es del todo correcto”, enfatizó.