Para alcanzar la salida pacífica (que ya no lo es, aún si no hubiese otro asesinato de nicaragüenses), no catastrófica (que ya lo está siendo, en vidas, heridos y daños a la economía), y constitucional, Ortega debe renunciar, lo cual está previsto en nuestro orden jurídico.

Hasta ahora, una inmensa correlación de fuerzas nacionales e internacionales han solicitado, como solución a la sangrienta crisis, elecciones anticipadas: lo propuso la Conferencia Episcopal de Nicaragua en su agenda ante el Diálogo Nacional; fue aceptada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, pese a que los centenares de miles que se han expresado en las calles piden que Ortega se vaya, ¡y ya!

Esta semana se unieron a la demanda, por si cabía alguna duda y pese a que el sector privado tiene delegados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, todos los gremios del sector privado y los representantes de los principales capitales de Nicaragua. Incluso el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) aceptó el miércoles recién pasado esa posibilidad.

Pero la masacre del Día de las Madres, y el furioso comunicado que la esposa de Ortega emitió a través de la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía, expresando la negativa del gobierno a aceptar ninguna responsabilidad en los crímenes cometidos, conduce a que se escale la demanda de la mencionada correlación de fuerzas, y se pida la renuncia de Ortega y su esposa, como el único medio de tener elecciones anticipadas, y se recupere la estabilidad, paz, democracia y crecimiento económico.

En el comunicado se dice que el gobierno “denuncia enfáticamente todos los crímenes que se han cometido desde el 18 de Abril, (y) rechaza cualquier responsabilidad en esa violencia…”, y agrega que “En Nicaragua no existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al gobierno…”.

Como si lo anterior fuese poco, el comunicado dice que el gobierno “rechaza totalmente todas las acusaciones de esos grupos que en una provocación demencial y sin precedentes en nuestro País, se confabulan para denunciar “ataques” inexistentes, luego atacan y producen víctimas para culpabilizar a las Instituciones del Orden Público”.

La afirmación del gobierno en ese comunicado significa una oposición frontal al Informe Preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dice cumplirá. Esa afirmación deja sin sentido, mientras Ortega esté de Presidente, el Convenio firmado el miércoles recién pasado, entre su gobierno, la Secretaría General de la OEA y el secretario ejecutivo de la CIDH, estableciendo un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Derechos Humanos.

También la posición de negación total de Ortega contradice al Informe de Amnistía Internacional, cuyos representantes estuvieron en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) cuando los ataques del martes 29 de abril, y en la masacre durante la marcha en el Día de las Madres.

Ortega debe renunciar para que surja la nueva Nicaragua, que ya empezó y “sorprende en sus detalles”, como escribió un sobrino del inolvidable Herty Lewites: “Si quiere donar sangre regrese mañana, ha venido tanta gente que no tenemos capacidad para recibir más, o ver centenares de personas humildes recuperando mercancía saqueada y regresándola a los comercios. Nos hicieron creer que éramos menos de lo que somos pero un puñado de estudiantes nos contagiaron de libertad, gracias a ellos estamos estrenando país, uno en donde no hay lugar para dictaduras”.

El autor fue candidato a la Vicepresidencia de Nicaragua.

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